- miércoles 29 de octubre del 2025
A través de una medida cautelar, dispuso la suspensión de los Decretos de Necesidad y Urgencia que impedían el corte por falta de pago de los servicios de telecomunicaciones y que las declaraban como un servicio público esencial en competencia.
La decisión ordenó reajustar una pensión con el IPC. La falta de integración de ese indicador “derivó en un paulatino y significativo deterioro de la capacidad adquisitiva del haber previsional”, afirmó el fallo judicial.
